Desde el año 2020, como consecuencia de la crisis económica causada por la pandemia, el Gobierno Nacional inició la implementación de programas sociales para aliviar el impacto financiero de la emergencia sanitaria. Los confinamientos y restricciones que se han desarrollado durante los últimos meses, ha provocado que diferentes sectores de la población no cuenten con un ingreso básico que garantice el bienestar.
Teniendo en cuenta lo anterior, se inició la distribución del Ingreso Solidario en Colombia, un incentivo económico dirigido a las personas que se encuentran en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad. De esta manera se hace un giro mensual, por un valor de $160.000 pesos, a las familias beneficiarias. Las cuales son focalizadas a través de la información suministrada por las bases de datos del Sisbén.
En los últimos meses se ha debatido sobre el futuro de este programa social, en el proyecto de reforma tributaria presentado durante el pasado mes de abril, se ratificó la intención del Gobierno Nacional por convertir este tipo de programas en políticas públicas y de esta manera entregar la ayuda permanentemente. Pero luego de la desaprobación del proyecto de ley, se dudó sobre la continuidad de los pagos a los beneficiarios del Ingreso Solidario.
Sin embargo, el presidente de la república anunció la extensión de este alivio económico hasta el próximo mes de agosto, pensando las necesidades que los hogares beneficiarios pasarían durante la elaboración de una nueva propuesta de reforma tributaria, la cual considerara un mecanismo de financiación para continuar con la entrega del Ingreso Solidario. Precisamente en la último texto de reforma tributaria, radicado ante el Congreso de la República el pasado 20 de julio, se modificaron algunos aspectos sobre el Ingreso Solidario.
El Ingreso Solidario estará garantizado hasta diciembre de 2022
De acuerdo con el proyecto de ley, este beneficio financiero estaría siendo entregado hasta el mes de diciembre de 2022, lo que significaría que ya no se convertiría en una política pública, pues no será permanente y sería un programa que ya tendría fecha de finalización. De acuerdo con el texto elaborado por el Ministerio de Hacienda, los pagos del Ingreso Solidario “podrán ejecutarse con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) o a las demás fuentes de financiación consideradas en el Presupuesto General de la Nación (PGN)”.
El Ministerio de Hacienda, entidad encargada de consolidar la propuesta de la nueva reforma tributaria, se ha encargado de explicar los diferentes puntos que contiene el documento. En las últimas horas se dio a conocer que con el Proyecto de Inversión Social, se pretende beneficiar a 4,1 millones de hogares en condición de vulnerabilidad. Este sería otro cambio importante sobre este programa social, puesto que la cobertura actual es de alrededor de 2 millones de familias beneficiadas.
El Ingreso Solidario ampliará su cobertura y tendrá más beneficiarios
Sobre lo anterior, la ampliación en la cobertura generaría la llegada de nuevos beneficiarios y, del mismo modo, variantes en el proceso de focalización. Respecto a este asunto, el texto de reforma tributaria indica que “tendiendo a los indicadores más recientes de pobreza, podrá modificar los criterios de focalización del Programa Ingreso Solidario, considerando en todo caso los datos registrados en el Sisbén IV o el instrumento que haga sus veces, para permitir el ingreso de hogares que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley no sean beneficiarios del programa y que se encuentren en condición de pobreza extrema, aun cuando sean beneficiarios de la compensación del impuesto sobre las ventas (IVA)”.
Beneficiarios del Ingreso Solidario podrán recibir otros incentivos económicos
Finalmente, se dejó claro que ya no será una condición para las familias beneficiarias, recibir únicamente un incentivo social del Gobierno Nacional, de aprobarse este proyecto de ley beneficiarios de Devolución del IVA también podrán recibir el Ingreso Solidario. La propuesta dejó en claro que todas las determinaciones sobre los programas sociales estarán sujetas a la disponibilidad presupuestal existente en cada vigencia fiscal y se podría evaluar la posibilidad de convertir los programas en política pública en la fecha de finalización establecida inicialmente.