Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 en Colombia, uno de los sectores que se vieron más afectados fue el de la educación, pues durante varios meses las clases se realizaron de manera virtual o, en otros casos, se detuvieron a causa de la contingencia e incluso por las manifestaciones del Paro Nacional. No obstante, a mediados del pasado mes de junio, el gobierno anunció los lineamientos para el regreso a las aulas, luego de instruir a las instituciones educativas públicas y privadas para volver a la presencialidad a partir del segundo semestre del 2021.
En ese sentido, durante las últimas semanas han sido varias las instituciones educativas que han citado a sus estudiantes para la vuelta a las clases presenciales bajo estrictos protocolos de bioseguridad y distanciamiento. En las diferentes ciudades y municipios del país, las Secretarías y el Ministerio de Educación, han realizado acompañamiento para garantizar dicho proceso, teniendo en cuenta que al mismo tiempo avanza la vacunación para los educadores del país. Sin embargo, desde que se emitieron los lineamientos, los maestros de los distintos sindicatos han manifestado que aún no se encuentran las condiciones ideales para el retorno a las aulas.
Tutelas en contra del regreso a la presencialidad
Recientemente, se han conocido varios casos de acciones judiciales interpuestas en el país por parte de gremios sindicales de maestros, las cuales han tenido como principal objetivo suspender el retorno presencial a las aulas debido a la situación epidemiológica que atraviesa el país, sumado a que, según afirman, las condiciones no están dadas en cuanto a adecuaciones de las sedes y protocolos de bioseguridad. Por un lado, el Juzgado Décimo Penal Municipal de Neiva aceptó una acción de tutela presentada por la Asociación de Institutores Huilenses (Adih), la cual solicitó suspender las clases en la ciudad y el departamento.
Misma situación, se presentó días atrás en la ciudad de Popayán, en donde la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca (Asoinca), presentó el mismo recurso para exigir el respeto al derecho a la vida y a la salud, el cual el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán falló a favor de la suspensión provisional del regreso a la presencialidad en el departamento. Según los Jueces, dichas decisiones tienen sustento en los esfuerzos para evitar perjuicios sobre las garantías a la vida y la salud, no solo en los maestros, sino en todos los actores que participan de la educación.
Entre tanto, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, se ha encargado de difundir a través de sus redes sociales los múltiples casos de instituciones educativas que, debido al deterioro y problemas en sus instalaciones, no se prestarían para el correcto desarrollo de las clases presenciales teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad y distanciamiento que definió el gobierno nacional en la Resolución 777.
¿Qué podría pasar con el retorno a clases?
Ante todas las acciones judiciales que se han interpuesto en contra del retorno a las clases, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, aseguró que el gobierno ha ido respondiendo una a una las denuncias, dejando claro que las condiciones están dadas. "Se han interpuesto acciones jurídicas frente a las cuales siguiendo el debido proceso hemos contestado con todos los argumentos, ya se han resuelto doce favorablemente, y seguimos contestando una por una", resaltó la ministra.
De igual forma, Maria Victoria Angulo aseguró que el Ministerio continuará dando respuesta a las solicitudes con el fin de amparar el derecho de los niños a la educación. "Vamos a seguir trabajando por resolver esas acciones con argumentos serios, respecto a que sí están dadas las condiciones, que para los niños el mejor espacio es el entorno educativo, que se cuenta con el proceso de vacunación para los docentes, con los protocolos y las inversiones necesarias", puntualizó la jefe de cartera.